Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala
El Gobierno de Guatemala recibió un desembolso de US$ 3.6 millones (equivalente a Q28 millones) después del paso de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, por el seguro que cubre a nuestro país ante estas eventualidades, debido a que Guatemala forma parte del sistema de Facilidad de Seguros contra Riesgos Catastróficos en el Caribe (CCRIF SPC por sus siglas en inglés), iniciativa que cuenta con el respaldo del Banco Mundial.
El Ministro de Finanzas Públicas, Alvaro González Ricci, explicó que se ha trabajado en el manejo integral de los riesgos fiscales frente a los desastres naturales, para buscar el fortalecimiento de las finanzas públicas con una visión planificada que permita mayor estabilidad y desarrollo sostenible, por ello en el marco de la Estrategia Financiera del Riesgo de Desastres se adquirió la póliza por un valor de US$ 500 mil.
“Contamos con este seguro económico para ser ejecutado en caso de catástrofes, gracias a que Guatemala es miembro del CCRIF. Estos recursos podrán ser utilizados para reactivar la economía en los lugares golpeados por las tormentas Amanda y Cristóbal”, subrayó González Ricci.
Al ser Guatemala uno de los países más afectados por los eventos climáticos y geofísicos, ocupando el lugar 11 en el mundo entre los países con mayor riesgo de desastres, el Ministerio de Finanzas Públicas desarrolla toda una estrategia financiera para hacer frente a estos siniestros para mitigar los efectos en nuestra economía. Es por ello que los recursos serán destinados a las unidades ejecutoras que definan las autoridades respectivas para que se atiendan las prioridades y se cumplan los niveles de ejecución.
Los seguros paramétricos, ofrecen cobertura ante riesgos catastróficos y su pago se basa en la intensidad del evento (por ejemplo, la velocidad de los vientos huracanados, la magnitud del terremoto o el volumen de las precipitaciones) o en el monto de la pérdida ocasionada por el evento, calculada por un modelo predeterminado.
Gran Caimán, Islas Caimán, 16 de junio de 2020. El CCRIF SPC se complace en anunciar que los países miembros del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (COSEFIN) recibirán beneficios especiales en las pólizas de seguro paramétrico del CCRIF SPC para el año de póliza 2020/21 como apoyo a la respuesta regional a la pandemia de COVID-19. Estos beneficios incluyen una reducción del 50 por ciento en los costos de las primas de sus pólizas de seguro paramétrico o un aumento mutuamente acordado en la cobertura del CCRIF, sin costo adicional, o una combinación de ambos. Este esfuerzo es apoyado por un Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples (MDTF, por sus siglas en inglés), administrado por el Banco Mundial.
Para el año de póliza 2020/21, los miembros del CCRIF, Guatemala, Nicaragua y Panamá, han renovado sus pólizas y también aumentarán su cobertura como resultado de los beneficios ofrecidos este año. Otros países del COSEFIN son elegibles para estos beneficios, como parte del diálogo del CCRIF SPC y los países orientado a ayudarles a comprender los productos de seguros paramétricos y los beneficiosos de incorporarse al Fondo.
El Director Ejecutivo del CCRIF, Sr. Isaac Anthony, agradeció estas decisiones: “Me alienta el hecho de que nuestros miembros centroamericanos no solo han renovado sus pólizas, sino que también están considerando aumentar su cobertura, lo que indica que reconocen el importante papel del seguro contra riesgos de catástrofe en la reducción de la volatilidad presupuestaria ante los desastres por amenazas naturales”.
El informe titulado “Evaluación de los efectos de COVID-19 para planificar la recuperación”, preparado en abril por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), indicó que la pandemia de COVID-19 resultaría en la peor contracción económica en la historia de América Latina y el Caribe, lo cual se combina con un pronóstico meteorológico que muestra niveles de precipitaciones superiores al promedio, así como una temporada de huracanes tropicales inusualmente activa en la cuenca del Océano Atlántico Norte. Además, la nota de política sobre la temporada de lluvias en Centroamérica durante COVID-19 emitida por el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en Centroamérica (CEPREDENAC) revela que los países corren un grave riesgo de choques compuestos como resultado de los crecientes desafíos en responder a la crisis de COVID-19.
En este contexto, el CCRIF SPC y sus productos de seguro paramétrico son cruciales para garantizar que los países estén en mejores condiciones para gestionar los impactos fiscales asociados con los desastres naturales. Los productos de seguros del CCRIF SPC pueden ofrecer acceso oportuno y predecible a los recursos necesarios y, en última instancia, mitigar los impactos fiscales a largo plazo.
En 2015, el CCRIF y la Secretaria Ejecutiva del COSEFIN firmaron un memorando de entendimiento para permitir que los países miembros del COSEFIN tengan acceso al seguro de riesgo paramétrico soberano de bajo costo y alta calidad del CCRIF. Durante los últimos cinco años, el CCRIF ha trabajado en estrecha colaboración con los países miembros del COSEFIN para apoyar el papel cada vez mayor de los ministerios de finanzas en la financiación del riesgo de desastres. En noviembre de 2019, el CCRIF, a través de una alianza estratégica con las secretarías ejecutivas del COSEFIN, CEPREDENAC y el Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH), y el Banco Mundial, organizaron un taller regional en la Ciudad de México sobre financiamiento del riesgo de desastres y seguro paramétrico para aumentar aún más la capacidad técnica en estos países.
El CCRIF proporciona pólizas de seguro paramétrico para ciclones tropicales, exceso de lluvia, terremotos y pesca a 19 gobiernos del Caribe y 3 de Centroamérica. Desde su inicio en 2007, el CCRIF ha realizado 43 pagos por un total de casi US$156 millones a 14 de sus 22 gobiernos miembros, todo dentro de los 14 días posteriores al evento. Guatemala es el receptor más reciente, con un pago que se realizará después de las fuertes lluvias que afectaron al país durante las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal. Otro miembro centroamericano, Nicaragua, ha recibido pagos por sus pólizas de terremoto y ciclón tropical, luego de la ocurrencia de un terremoto en junio de 2016, y la tormenta tropical Otto, en noviembre del mismo año.
El Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples del Programa de Seguro de Riesgo de Catástrofe para Centroamérica y el Caribe, administrado por el Banco Mundial, apoya la continua expansión de los productos, servicios y membresía del CCRIF SPC en Centroamérica.
En el marco del Proyecto Buena Gobernanza Financiera en los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) se llevó a cabo un taller virtual sobre análisis financiero empresarial y precios de transferencia con el equipo del Ministerio de Hacienda de El Salvador y la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT).
El apoyo de la Cooperación Alemana a las actividades de la SAT y del Ministerio de Hacienda es parte de una nueva intervención de la cooperación técnica que comprende un enfoque regional con la Secretaria Ejecutiva del COSEFIN como contraparte. Dentro de este marco, se han definido áreas de trabajo que son prioritarias y coincidentes con los planes estratégicos de El Salvador y Guatemala, siendo una de sus principales áreas de trabajo el apoyo a la movilización de recursos.
Durante el taller, los participantes conversaron acerca del “Convenio de asistencia mutua y cooperación técnica entre las administraciones tributarias y aduaneras de Centroamérica” y la importancia de hacer uso de él para ambas instituciones en esfuerzos conjuntos a futuro.
Con el evento se logró fortalecer la relación existente entre ambas instituciones, debido a que esta actividad presentó una oportunidad para intercambiar experiencias entre ambos países, en el ámbito de procesos de fiscalización en precios de transferencia, por lo que cada participante expuso sus dudas durante el taller, que fue impartido por los consultores de GOPA, durante tres días.
Durante la entrevista para el medio Nuevo Mundo GT, el Ministro de Finanzas Públicas, Alvaro González Ricci, comentó que el Gobierno de Guatemala continúa trabajando para reducir el gasto público y ser más eficiente los recursos del Estado con el objetivo de apoyar a las familias más vulnerables ante la emergencia por el #Covid19GT. Esta estrategia incluye una circular de contención, la cual prohibe la contratación de personal y gastos protocolarios; con lo cual se podría tener un ahorro de Q600 millones.
Asimismo, el Ministro González Ricci expresó que se trabaja en un plan de reactivación económica para atraer y reactivar la inversión local y extranjera, conforme se vaya normalizando la economía del país.
El Ejecutivo presentó este miércoles ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la aprobación del crédito con el fondo monetario internacional (FMI), por un monto cercano a los USD 504 millones para contribuir, mediante apoyo presupuestario, a la atención de la emergencia por COVID-19 y a la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo.
Este financiamiento cuenta con una tasa de interés de 1.55% anual, 3.5% menos que el costo promedio ponderado para la deuda del Gobierno denominada en dólares.
El plazo del crédito es de cinco años, con pagos trimestrales a partir de 3.25 años del desembolso y una vez aprobado el proyecto de ley, el FMI giraría los recursos en un solo tracto
“Este crédito es importante en el esfuerzo que ha seguido el Gobierno por cambiar deuda cara por deuda más barata, lo cual ayuda en todo el proceso de consolidación fiscal. Además, es muestra de la confianza del FMI en la ruta que ha llevado el Gobierno”, externó Elian Villegas, ministro de Hacienda.
Antes de ser enviado a la Asamblea Legislativa, este empréstito fue remitido al Ministerio de Planificación y el Banco Central de Costa Rica para su análisis y criterio institucional, luego de recibir la aprobación en abril anterior por parte del Directorio del Fondo Monetario Internacional bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido, el cual está a disposición de los países miembros que enfrenten un choque de balanza de pagos, como resultado de la emergencia por COVID-19.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado (DICRE) con el apoyo del Banco Mundial, dieron inicio al primer Taller virtual en Webex: “Estrategias e instrumentos para fortalecer la resiliencia fiscal ante desastres de Panamá.
El objetivo del taller virtual es generar un espacio para la revisión de los conceptos generales del financiamiento de los riesgos de desastres y de los diversos instrumentos financieros de transferencia y retención de riesgo antes y después a una emergencia.
La apertura del adiestramiento estuvo a cargo del especialista senior en Gestión de Riesgo de Desastre del Banco Mundial (BM), Haris Sanahuja y del director de DICRE, Francisco Álvarez.
El director de DICRE resaltó la firma en 2014 del Decreto Ejecutivo que ampara el marco estratégico de gestión financiera de riesgo del Estado panameño y sienta las bases para la creación del plan de acción quinquenal en termino de gestión financiera de riesgo de desastres.
Añadió que “durante estos tiempos inciertos de nuevos tipos de desastres naturales como lo es la crisis sanitaria causada por la pandemia Covid-19, las estrategias y herramientas incluidas en el marco, cobran una renovada importancia”.
Álvarez, comentó que “el marco estratégico nos ha permitido ahondar en un posible periodo de recesión económica que producirá la crisis sanitaria. Adicional, el apoyo constante de las multilaterales y las experiencias de países hermanos nos han permitido actualizar e innovar en la utilización de los diferentes productos de transferencia de riesgo”.
Por su parte, Sanahuja destacó en su presentación los principales avances de Panamá en materia de gestión financiera del riesgo de desastres desde 2002 hasta la actualidad, entre ellos la adopción del Marco Estratégico en 2014, la aprobación del Plan Quinquenal para la implementación de la estrategia y la entrada a The Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF) y compra de póliza en 2018.
El evento, que se realiza hasta el jueves 11 de junio, permitirá la presentación de las características fundamentales de los instrumentos financieros que hacen parte del Marco Estratégico de Gestión Financiera de Riesgos de Desastres de Panamá; abrirá la discusión de las herramientas para la toma de decisiones informadas con respecto a la combinación óptima de instrumentos financieros y el rol que cumplen en el fortalecimiento la resiliencia macroeconómica, la sostenibilidad fiscal del país, entre otros temas.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.
El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu; el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz y el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, sostuvieron una reunión con representantes de los sectores productivos más relevantes de la economía de la República Dominicana, en el que pasaron revista a las medidas monetarias y financieras que han sido adoptadas ante el COVID-19 y el impacto positivo que han tenido sobre las condiciones monetarias y el financiamiento al sector privado.
En el encuentro participaron altos ejecutivos del Consejo Nacional de Empresas Privadas (CONEP), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Federación Dominicana de Instituciones Financieras, la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE), la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) y Confederación Dominicana de la Pequeña y Medianas Empresas (CODOPYME).
Durante la reunión se abordaron aspectos laborales claves para lograr una buena reactivación productiva de los trabajadores y se planteó la importancia de contar con el apoyo de las políticas monetaria y fiscal para cuando las condiciones sanitarias permitan la reapertura de la economía.
En ese sentido, los funcionarios públicos indicaron que se está preparando un plan de estímulo económico que, junto al apoyo del sector privado, permitiría la recuperación rápida de las actividades productivas y el retorno a la senda de crecimiento económico sostenido.
El ministro de Hacienda anunció que, junto al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos, se ha preparado una propuesta para la creación de un fondo de garantía que apoyaría el financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Resaltó los avances en la implementación de los programas Quédate en Casa y Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), que han permitido asistir de forma oportuna ante esta compleja situación a las familias más vulnerables y a los empleados que han sido suspendidos de sus labores debido al COVID-19.
El gobernador Valdez Albizu señaló que, aún en la actual situación de incertidumbre, los recursos se están desembolsado a los sectores productivos y los hogares a una mayor velocidad que en ocasiones anteriores, habiéndose canalizado a la fecha a través de las distintas facilidades más de RD$50,000 millones de pesos. De estos fondos, más de RD$38 mil millones corresponden a provisión de liquidez a través de Repos a 90 días y unos RD$12 mil millones a préstamos otorgados con los recursos liberados del encaje legal, principalmente a los sectores Comercio, Mipymes y Manufactura.
Destacó que las medidas de flexibilización monetaria provocaron una reducción de aproximadamente 300 puntos en la tasa de interés de los préstamos otorgados por los bancos múltiples durante el mes de abril, al pasar de 13.3% a 10.4%. Asimismo, indicó que se ha observado una aceleración en los préstamos al sector privado en moneda nacional que se expanden a una tasa interanual de 13% al cierre de abril, habiéndose incrementado en más de RD$19 mil millones durante los primeros cuatro meses del 2020, aproximadamente el doble de la expansión registrada durante el mismo período del año anterior.
El gobernador anunció que próximamente someterá a la Junta Monetaria una nueva facilidad para canalizar financiamiento por hasta RD$20 mil millones para los sectores Turismo, Exportador, Construcción e Industria Manufacturera, a través de las entidades de intermediación financiera, con lo que se estarían poniendo a disposición de los agentes económicos más de RD$120 mil millones de pesos y US$622 millones de dólares para mitigar el impacto económico del coronavirus.
Las entidades financieras accederían a los recursos de esta nueva facilidad a través de Repos, para ser destinados como nuevos préstamos a empresas de los referidos sectores, así como para refinanciamiento, a una tasa de interés no mayor del 8% anual por un período de 3 años. Asimismo, tendrán un tratamiento regulatorio especial por 1 año, al ser clasificados con categoría de riesgo A, otorgados con 0% de provisiones y no serán considerados en el índice de solvencia.
Por otro lado, Valdez Albizu indicó que, en adición a las inyecciones al mercado cambiario por US$1,660 millones que se han realizado durante el año a través de la Plataforma Electrónica de Divisas, se han puesto a disposición de las entidades financieras unos US$622 millones, a través de Repos en moneda extranjera y liberación de encaje legal en dólares. El gobernador indicó que estas medidas, junto al desempeño de algunas actividades generadoras de divisas, como las remesas que alcanzaron US$1,703 millones durante el primer trimestre, contribuirán a que se mantenga la estabilidad relativa del tipo de cambio, que apenas registra una depreciación acumulada de alrededor de 3% en este panorama adverso.
En ese sentido, el superintendente de Bancos agregó que en reuniones sostenidas con algunas de las principales agencias de remesas del país, le comunicaron que el flujo recibido por estas empresas se habría incrementado en aproximadamente un 9% interanual durante el mes de abril.
Por su parte, los representantes de los sectores productivos comenzaron por mostrar su conformidad con respecto al comunicado del gobernador del BCRD, referido a su posición sobre el acceso a los fondos de pensiones. Además, consideraron que el conjunto de medidas adoptadas para facilitar recursos a empresas y hogares de cara a superar los efectos económicos del COVID-19 han sido oportunas y están teniendo un resultado muy positivo.
En sus diferentes intervenciones, los representantes empresariales expresaron las necesidades concernientes a sus sectores, teniendo como hilo conductor la conveniencia del diseño de un plan general que defina la sucesiva reintegración a la actividad productiva de las empresas y sus trabajadores.
Los principales dirigentes de las asociaciones empresariales consideran que la apertura debería realizarse gradualmente, cuando lo considere prudente la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus, con un protocolo que contenga medidas de control y seguridad.
Al respecto, se planteó que para muchos de los sectores, especialmente para el Turismo, es necesario un período de preparación de 30 a 45 días para lograr el funcionamiento idóneo, tal como planteara la presidente de ASONAHORES Paola Rainieri y el destacado empresario de este sector Frank Rainieri.
En la reunión participaron Luis Molina Achécar, presidente de la Federación Dominicana de Instituciones Financieras, Pedro Brache, presidente del CONEP, Celso Juan Marrinzini, presidente de la AIRD, Paola Rainieri, presidente de ASONAHORES, Juana Barceló, presidente de CAMIPE, Federico Dominguez, presidente de ADOZONA, Mario Lama, presidente de la ONEC e Issachart Burgos, presidente de CODOPYME.
Asimismo, estuvieron presentes los empresarios y representantes de asociaciones César Dargam, Manuel Estrella, Circe Almánzar, Frank Rainieri, José Luis Magadan, Andrés Marranzini y José Manuel Torres.
Fuente: Ministerio de Hacienda de República Dominicana
El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander realizó una conferencia de prensa virtual donde destacó los aspectos más importantes de los impactos económicos de la crisis del Covid-19.
En primer lugar, destacó los 2 mil millones de dólares que se tomaron del presupuesto para dedicarlos a las prioridades tales como salud, apoyo a las clases más afectadas, entre otras. Es decir que el presupuesto se reestructuró para fijar las prioridades según exigen las circunstancias.
En segundo lugar, recalcó el esfuerzo desplegado para la consecución de los recursos necesarios producto de la crisis de Covid-19 para apoyar el ejercicio presupuestario severamente afectado por la fuerte caída en los ingresos y la actividad económica.
Igualmente, informó con respecto a donde serán destinados los recursos obtenidos, para apoyar la liquidez del sistema bancario, la micro y pequeña empresa, el sector agro entre otras.
El ministro enfatizó que se obtienen recursos en forma ordenada y planificada y se tiene plena conciencia que éstos se constituyen en un aumento a la deuda, por lo que es necesario asegurar la salud, el apoyo a los panameños, mantener las finanzas públicas y evitar un desbordamiento del tema económico.
Respecto de la apertura y la reactivación de la economía, el Ministro subrayó que hay que entender que enfrentamos un nuevo mundo y que los recursos del Estado son limitados, y por tanto se estudiaran aquellas medidas que logren apoyar a los sectores que contribuyen en forma importante al crecimiento del país.
Reiteró igualmente la importancia de que todos “los panameños estemos claros de que debemos trabajar en forma conjunta para salir adelante, y que el futuro depende de cada panameño, que entiende y está consciente de su responsabilidad tanto del tema de salud como el económico”.
Finalmente, el ministro Alexander resaltó la labor del equipo que lo acompaña en esta tarea y que ha sido clave en la respuesta clara y oportuna de las decisiones adoptadas.
Las políticas fiscales se han situado como una herramienta clave para limitar y mitigar los impactos de la crisis provocada por la COVID-19 en todo el mundo y en todas las dimensiones del desarrollo.
Es por eso por lo que presentar una panorámica comparada de las primeras respuestas fiscales desde las experiencias de América Latina y la Unión Europea es lo que llevó a realizar el webinar denominado “Políticas fiscales frente al impacto económico y social de la COVID19” donde el Secretario Ejecutivo del COSEFIN, Martín Portillo, participó como panelista para presentar las principales medidas que están implementando los gobiernos de la región SICA en materia fiscal.
El webinar tenía como propósito reflexionar sobre las respuestas de medio plazo, y sobre el papel que deben jugar el Estado y las políticas fiscales para asegurar niveles aceptables de cobertura sanitaria, sostenimiento de las rentas y protección social en la fase de recuperación.
Ante esto, el licenciado Portillo en su intervención mencionó que “El impacto de la deuda en diferentes escenarios es muy incierto, no podemos hacer estimaciones contundentes en cuanto a impactos económicos, pero si podemos simular escenarios. Necesitamos hoy más que nunca presupuestos enfocados, con transparencia y rendición de cuentas”.
En Centroamérica, la mayoría de los gobiernos están discutiendo o han puesto en marcha acciones de corto plazo tales como moratorias en el pago de impuestos, servicios y créditos; líneas de crédito para apoyar a las MIPYMES y grandes empresas, aumento en los recursos destinados al subsistema público de salud, e impulsando programas de asistencia social, como el ingreso básico garantizado temporal, los seguros de desempleo y los programas de dotación de alimentos a gran escala. En materia fiscal, se han suspendido reglas fiscales, se ha aumentado el presupuesto público en 11 mil millones de dólares a nivel regional, y se negocia con organismos multilaterales el acceso a financiación externa que compense la caída de la recaudación.
El Secretario Portillo hizo un llamado a discutir cómo se asignan los subsidios y las exoneraciones, pues son recursos que incrementan el gasto tributario de los Gobiernos, recursos con los que no se cuentan pero que son muy necesarios y que están siendo canalizados a sectores que no lo necesitan.
Esta actividad logró identificar retos comunes en materia fiscal, y mecanismos de intercambio y cooperación interregionales que permitan potenciar estas políticas. En definitiva, desde distintos ámbitos se constata la necesidad de una mayor presencia de lo público, que permita complementar y completar aquellas tareas y funciones que no alcanza a cumplir el sector privado. En este sentido, la crisis del COVID-19 parece el momento indicado para redimensionar el papel de lo público en el plano sanitario, de la protección social y de la reactivación económica, y, por tanto, el papel de las políticas fiscales como palanca que movilice los recursos necesarios para alcanzar estos objetivos.
Cabe mencionar que El ciclo de Foros Web “Políticas Fiscales frente al impacto social de la COVID 19” es organizado como parte de un núcleo de reuniones virtuales en las que se reflexiona y comparten opciones de solución para enfrentar desde diferentes puntos de vista la coyuntura que nos impone la pandemia provocada por la Covid, pero sobre todo para hablar de las consecuencias a futuro una vez pase la emergencia sanitaria. Este ciclo de foros web está siendo organizado por la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) y el Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina (EUROsociAL+), contando en esta ocasión con la colaboración de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (SE-COSEFIN)
Con este financiamiento se apoya al Gobierno en sus esfuerzos de implementación de las medidas de prevención y contención para evitar la expansión de la Pandemia COVID-19.
Tegucigalpa 08 de mayo de 2020 – El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aprobó el financiamiento por US$50 millones a favor de la República de El Salvador destinado a reembolsar parcialmente las erogaciones realizadas en virtud del otorgamiento del bono de compensación monetaria a las personas sin vínculo laboral o ningún ingreso permanente y que se vean afectados por la pandemia, en el marco de las medidas implementadas por la emergencia del COVID-19 en la República de El Salvador.
La operación forma parte del Programa Regional del BCIE de Apoyo y Preparación ante el COVID 19 y Reactivación Económica, específicamente de su componente No 3. Crédito para Financiar Operaciones del Sector Público.
Dicho programa tiene como objetivo proveer recursos financieros de rápido desembolso a los países de la región SICA y a otros países extrarregionales para el financiamiento de operaciones para la prevención, detección y tratamiento del COVID-19 y mitigación de su impacto económico en los países.
El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, indicó “Vivimos un enorme reto, la prioridad del Banco es acompañar a los países a superar la crisis. Somos el Banco de Centroamérica, creado por los Centroamericanos para atender el desarrollo de la región. El Banco está comprometido a dar respuesta pronta y ágil, a nuestros socios y hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la pandemia del coronavirus”.
El Ministro de Hacienda, de la República de El Salvador, Lic. Nelson Fuentes manifestó la importancia de este financiamiento para el Gobierno, tomando en consideración, los retos financieros del Estado producto de la Emergencia del COVID-19, enfatizando que los recursos producto de este préstamo formaran parte del Fondo de Emergencia, Recuperación y de Reconstrucción Económica del país y serán orientados a complementar el financiamiento integral que demanden las acciones de beneficio a la población implementadas en el marco de la emergencia nacional.
Agradeció al BCIE por el apoyo decidido al país, principalmente en estos momentos de crisis, en los cuales el apoyo de la Banca Multilateral a través de créditos en condiciones concesionales, se vuelve de crucial importancia para los países de la región.
El préstamo fue aprobado a un plazo de hasta 20 años, incluyendo cinco años de período de gracia y una tasa de interés LIBOR a seis (6) meses, la cual será revisable y ajustable semestralmente, más un margen establecido por el BCIE que inicialmente será de ciento setenta y cinco (175) puntos básicos.
Fuente: Banco Centroamericano de Integración Económica
Por su parte, los representantes de los sectores productivos comenzaron por mostrar su conformidad con respecto al comunicado del gobernador del BCRD, referido a su posición sobre el acceso a los fondos de pensiones. Además, consideraron que el conjunto de medidas adoptadas para facilitar recursos a empresas y hogares de cara a superar los efectos económicos del COVID-19 han sido oportunas y están teniendo un resultado muy positivo.
