La Estrategia Regional de Gestión Financiera para la Reducción del Riesgo de Desastres (ERGFRRD) es el marco acordado por COSEFIN y CEPREDENAC para fortalecer la resiliencia de las finanzas públicas en Centroamérica y República Dominicana frente a la exposición multiamenaza y la alta vulnerabilidad social, económica y territorial que caracterizan a la región. La estrategia responde a una brecha persistente entre daños y pérdidas y las capacidades financieras disponibles, que presiona presupuestos, eleva el endeudamiento post‑desastre y compromete la estabilidad macrofiscal.

Su propósito es impulsar una diversificación óptima de mecanismos e instrumentos financieros que integren la protección financiera (gestión compensatoria), la reducción del riesgo existente (gestión correctiva) y la prevención del riesgo futuro (gestión prospectiva), incorporando el riesgo de desastres de forma transversal en políticas, planificación y ciclo presupuestario. El ámbito comprende Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, y se alinea con la PCGIR y con los avances nacionales en marcos legales, clasificadores presupuestarios y lineamientos del SNIP para inversión resiliente.

Conceptualmente, la ERGFRRD adopta la Gestión Financiera del Riesgo de Desastres (GFRD) como planificación anticipada y sistemática de recursos para responder y recuperarse con oportunidad, minimizando impactos fiscales e institucionalizando procedimientos de desembolso oportuno, trazabilidad y gestión de pasivos contingentes. Sobre esa base, la estrategia organiza la acción en ocho componentes: análisis de riesgo y pérdidas esperadas; planificación financiera ex ante; instrumentos de retención; instrumentos de transferencia; financiamiento ex post como último recurso; mecanismos de ejecución ágil y transparente; gestión de pasivos contingentes; y coordinación y gobernanza interinstitucional.

Del diagnóstico regional se desprenden avances en legislación, sistemas nacionales, políticas y estrategias, así como en etiquetado presupuestario y metodologías para integrar el riesgo en la inversión pública; no obstante, persisten desafíos en la estandarización conceptual y normativa, la gobernanza multisectorial, el registro y seguimiento del gasto en RRD y la combinación costo‑eficiente de instrumentos para reducir costos fiscales y de endeudamiento post‑desastre. La estrategia identifica oportunidades para desarrollar instrumentos de alcance regional, lineamientos comunes, observatorios de riesgo fiscal y esquemas de cooperación y financiamiento con banca multilateral y sector privado.

La visión 2030 propone una región que practica finanzas públicas resilientes; la misión es fortalecer capacidades nacionales y regionales; y el objetivo general consiste en promover la diversificación óptima de instrumentos para una gestión financiera resiliente de la RRD. La implementación se estructura mediante Planes Operativos Bianuales, informes regionales anuales y una gobernanza de tres niveles (político‑estratégico, técnico de coordinación y asesor), con rendición de cuentas en el Foro Consultivo de la PCGIR. En conjunto, la ERGFRRD busca anticipar el riesgo fiscal, acelerar respuestas, mejorar la eficiencia del gasto y proteger la estabilidad macroeconómica, evitando retrocesos en el desarrollo y mejorando el bienestar de las poblaciones más expuestas.

El Programa busca fortalecer la buena gobernanza en las finanzas públicas en los países del SICA; de igual forma aporta a mejorar su resiliencia, especialmente a los impactos económicos que enfrentan tras la pandemia por COVID-19, catástrofes naturales y otras crisis.

La Buena Gobernanza Financiera permite a los gobiernos contar con instituciones eficaces, eficientes y modernas, que muestran de forma transparente el uso de los recursos aportados por los ciudadanos para retornárselos en soluciones a sus necesidades prioritarias, agudizadas tras la pandemia, como: trabajo, salud, educación, seguridad.

El programa se implementa por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y desarrollo (BMZ) y en cooperación con el Consejo de Ministros de Hacienda y Finanzas Centroamérica, Panamá y República Dominicana (COSEFIN). Juntos asumen el compromiso de fomentar el fortalecimiento de la institucionalidad regional, del aprendizaje y la innovación, por medio del intercambio de conocimientos y la cooperación entre sus países miembros para enfrentar desafíos similares.

Para abordar dichos desafíos, una de las prioridades es la implementación de las acciones definidas en el Plan de Trabajo de la Matriz de Interés Fiscal de COSEFIN, fortaleciendo la institucionalidad regional del COSEFIN. De esta forma, los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, Panamá y República Dominicana pueden enfrentar de forma inmediata y coordinada los obstáculos presentados tras el impacto del COVID-19 y otras crisis, aprovechando de la mejor manera todo el potencial que comparten.

El Programa busca fortalecer la buena gobernanza en las finanzas públicas en los países del SICA; de igual forma aporta a mejorar su resiliencia, especialmente a los impactos económicos que enfrentan tras la pandemia por COVID-19, catástrofes naturales y otras crisis.

La Buena Gobernanza Financiera permite a los gobiernos contar con instituciones eficaces, eficientes y modernas, que muestran de forma transparente el uso de los recursos aportados por los ciudadanos para retornárselos en soluciones a sus necesidades prioritarias, agudizadas tras la pandemia, como: trabajo, salud, educación, seguridad.

Las economías de Centroamérica, Panamá y República Dominicana resultan muy pequeñas para desarrollar individualmente mercados de capitales eficientes y profundos. Los mercados financieros en esta región se caracterizan por tener predominio en la deuda pública, cuyo dinamismo y eficiencia operativa dependen –en consecuencia- de los mecanismos de transacción de este tipo de instrumento. A este respecto, durante la década pasada se realizó un importante esfuerzo regional hacia la armonización de los mercados domésticos de deuda pública, como primer paso para avanzar hacia la construcción de un mercado regional.

En ese sentido, surge el programa: “Diseño de un mecanismo de compensación, liquidación y custodia que facilite un Mercado Primario y Secundario de Deuda Pública Regional con su correspondiente presupuesto de inversión y estructura de gobernanza”, impulsado por el Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), en coordinación con el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (COSEFIN), y los Entes Supervisores de los mercados de valores.

El referido programa de cooperación técnica se destaca por haber capacitado a una generación de funcionarios de bancos centrales y de ministerios de hacienda o finanzas responsables del manejo de deuda pública, contribuyendo así a la profesionalización del manejo de deuda pública en la región. Asimismo, como producto de este proceso, en 2013 el CMCA y el COSEFIN aprobaron los estándares regionales que, desde entonces, sirven de guía para el desarrollo de mercados nacionales de deuda de CAPARD.

Mediante Resolución COSEFIN-03/2017 del 28 de abril de 2017 el Consejo resolvió solicitar al BCIE el apoyo para la asistencia y continuar avanzando en el tema y en la identificación de estrategias adecuadas en coordinación con el COSEFIN y el CMCA. Asimismo, resolvió instruir al BCIE para que sea un actor relevante para el desarrollo e integración de un mercado regional de capitales.

En este contexto, el BCIE, el CMCA y el COSEFIN han decidido reactivar la iniciativa que busca desarrollar los mercados domésticos de deuda pública de CAPAARD, conforme a estándares internacionales, con la visión de establecer, a mediano plazo, un mercado primario y secundario regional de deuda pública.